Es evidente para la mayoría que son muchos los errores que se cometieron en materia legislativa en el estado español durante la transición y, para nuestra decepción, la mayoría del Parlamento actual no está dispuesta a rectificar, por el momento. El entorno sociopolítico de aquella época inmediatamente posterior al franquismo, la inestabilidad y la falta de confianza después de la muerte del dictador, unidos a las prisas por abrirse al mundo de una parte y la necesidad de conservar los beneficios adquiridos por parte de la otra, dieron lugar a que se elaboraran precipitadamente una serie de leyes que, aunque se deberían haber entendido de manera provisional, se han convertido no sólo en definitivas sino además en rigurosamente inamovibles.
Quizá el caso más flagrante sea la Constitución española, con todo lo que conlleva. Fue votada en el año 1978 por una población y en una situación determinada que poco o nada tienen que ver con la realidad actual. En su momento no fue precisamente progresista, aunque así lo hicieron creer algunos. Comparada con otras constituciones europeas del momento, era más conservadora de lo que cabía esperar. Incluso comparada con otras cartas magnas de tiempos pasados en España, suponía un retroceso en algunas materias sociales y políticas (siempre entendido en un contexto histórico). Además, en nuestros días ha dado lugar a obstáculos insalvables para la evolución de la sociedad, aunque esta rigidez va claramente en función de los intereses de quienes legislan.
Y hoy, en Marzo de 2018, cuando se supone que la humanidad entera ha aprendido de los errores del pasado y tenemos claro lo que es una dictadura y un crimen fascista, resulta que la derecha española se empeña en proteger a los criminales y en mantener impunes las atrocidades cometidas durante el franquismo. La Ley de Amnistía de 1977, que en su momento (la transición) pretendió hacer una simetría entre las víctimas y los verdugos que es o debería ser inaceptable, seguirá maniatando a la Justicia, aquella que en algún lugar platónico puede que nos mire desde la indignación y frustración más a menudo de lo que sería permisible.
La noticia es que no hay noticia. Pese a las expectativas de asociaciones y agrupaciones que defienden la Memoria Histórica, todo continúa como hasta ahora. PP, Ciudadanos y PSOE no están por la labor de abrir esa caja cerrada en la que quieren dejar en el olvido lo que no se debe olvidar. Igual que es necesario conocer la Historia para saber cómo enfrentarnos al futuro, no debemos ignorar un pasado que debería estar expuesto para ser juzgado tanto en los tribunales como por la sociedad. En Berlín hay un museo en el que se exponen las atrocidades del nacismo con todo detalle, incluso al nivel administrativo más rutinario. Se trata de recordar el pasado para construir un futuro mejor. Y, por lo que parece, lo están consiguiendo. Pero éste no es nuestro caso. Aquí se ha decidido seguir mirando hacia otro lado. Simplemente no interesa. Y no es cuestión de remover el pasado, es cuestión de hacer Justicia, esa que debería ser entendida como un valor universal y no partidista.
Así, en aras de los grandes pilares de la Transición y de la seguridad política y haciendo mención de la edad avanzada de los que se pretendería juzgar, es como se entierra una propuesta que buscaba desenterrar lo que nunca debió ser enterrado (tierra sobre tierra, sobre tierra, como en las cunetas de España). Una iniciativa desfasada, dicen; fuera de lugar en el tiempo. Cabría preguntarse qué y quiénes son los y las que están desfasados y desfasadas hoy, en 2018.
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