En las últimas semanas ha quedado en evidencia que el sistema de pensiones de la Seguridad Social está en peligro. Pero su degradación viene de lejos, aunque se ha producido de una forma casi silenciosa. La causa de los problemas actuales hay que buscarlas en las ultimas contrarreformas que de espaldas a los afectados se fueron produciendo sucesivamente desde 1995 en que se empezó a reducir un punto las cotizaciones por contingencias comunes.
La base intelectual de este retroceso está en diversos informes de “expertos” que justificaban una supuesta inviabilidad del sistema, porque las personas vivíamos más años. Un argumento falaz dado que evitaban considerar el efecto sobre los sistemas de pensiones tanto de aumento de la productividad (mucho mayor que el de la esperanza de vida), como la incorporación de la mujer al trabajo y la contribución de la emigración.
El argumento cuajó gracias a una incesante propaganda en los medios (del estilo de Goebbels, nazi que afirmaba que una mentira repetida mil veces termina por convertirse en una verdad) y por el silencio de las organizaciones sindicales que aceptaron el discurso impuesto sin atreverse a iniciar una verdadera campaña de respuesta. Su aceptación de los Pactos de Toledo, a cambio de pequeñas mejoras, les hizo mirar hacia otra parte ante las tesis falsas de expertos provenientes en su inmensa mayoría del sector financiero, que servían para hacer aceptar con fatalismo los sacrificios a las gentes.
La falsedad es evidente cuando vemos como entre 2000-2015 la productividad ha crecido en un 15% y la esperanza de vida en un 5% (de 79 a 83 años, por cierto, decreciendo ligeramente en 2015, sin duda por los recortes sanitarios). Tuvimos que ser 24 economistas desde los centros de investigación y los movimientos sociales, quienes desmintiéramos esas falacias y encendiéramos la alarma frente al saqueo que se avecinaba con un manifiesto de argumentos en defensa del sistema público de pensiones que publicamos a mediados de 2013.
Los pensionistas han sufrido retrocesos muy importantes desde las medidas aprobadas por la Reforma de Pensiones de 2011, a las que han sucedido otras tres reformas en los años 2012/2013.
En conjunto esas contrarreformas supondrán una perdida que hemos estimado en un 20% de los ingresos medios que una persona iba a percibir al jubilarse, pero que en algunos casos puede alcanzar hasta un 41% de su pensión (para las personas que vivan más años).
Los mecanismos de reducción son varios: desde reducir la pensión inicial por un índice de sostenibilidad que este año ha empezado a aplicarse (solo un -1,2% pero ira aumentando), hasta el aumento de solo un 0,25% al año desde 2015 que reduce la pensión respecto el coste de la vida, pasando por una infinidad de artilugios para calcular a la baja la pensión a percibir y acabando por retrasar la edad de jubilación a los 67 años (que ya los financieros exigen alargar a los 70).
La respuesta social a estos recortes se ha ido produciendo desde 2014 en que se constituyó la Marea Pensionista en el área metropolitana de Barcelona creando un movimiento que ha ido creciendo hasta extenderse prácticamente a toda España con la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Este movimiento social se planteó la defensa de una serie de puntos básicos: recuperación del coste de la vida, regresar a la jubilación a los 65 años, aumento de las pensiones más bajas a 1000€, etc. y empezó a promover demandas judiciales a la desaparición de un derecho contractual del estado, recogido en la Constitución, a realizar cientos de conferencias y publicaciones, así como a salir a la calle cada vez de manera más nutrida y en más lugares.
Mientras el gobierno ha vaciado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a causa de la precarización del mercado de trabajo y de la exención en los contratos de los más jóvenes y precarios de su cotización a la Seguridad Social. Ello vacía los recursos del Fondo, pero además excluye a los jóvenes de acceder a dicho derecho en el futuro.
Detrás del gobierno están los intereses de los poderes financieros que quieren promover las pensiones privadas, que la ciudadanía rechaza porque no son rentables, ni seguras, ni pueden pagarlas (cada vez hay menos personas titulares de estos fondos en España). Pero también están las grandes empresas que quieren dejar de pagar el único impuesto de cierto peso que aportan al Estado: su cotización a la Seguridad Social ya que con ingeniería financiera, paraísos fiscales y corrupción han conseguido prácticamente dejar de pagar los impuestos por rendimiento empresarial (el impuesto de sociedades) como es fácil de contrastar, observado como la práctica totalidad de las empresas del IBEX (las más grandes del país) resulta que no pagan ese impuesto.
La quiebra del sistema es tal que se han volatilizado los 67 mil millones que el Fondo de Pensiones había ahorrado antes del 2011. Para pagar la última paga de Navidad, se ha tenido que detraer de los presupuestos generales y pagarlo con Deuda Publica. En realidad, los poderes económicos y el gobierno pretenden enfrentar a los jóvenes con los mayores (porque ese dinero detraerá posibilidad de gasto en otras partidas como sanidad o educación). También quieren forzar de este modo que el Estado traspase su patrimonio inmobiliario (hospitales y centros sanitarios al sector privado a precio de saldo para pagar la Deuda. Como de hecho se ha hecho en Grecia.
Frente a ello la Coordinadora Estatal convirtió sus demandas en una propuesta de ley que el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha llevado a discutir al Parlamento del Estado. La respuesta ha sido sin embargo de paralizar su debate, amparándose en el Tratado de Estabilidad impuesto por la UE y aceptado por el gobierno, con el argumento de que podía tener afectaciones presupuestarias que amenazaran el pago de la Deuda. Lo terrible es que lo que va a provocar una quiebra presupuestaria, será precisamente la no aprobación de una Ley que, como la propuesta, permita revertir las contrarreformas y dotar al sistema de pensiones de un mecanismo adecuado de cotizaciones.
Los pensionistas y la ciudadanía que ahora trabaja deben comprender lo que está ocurriendo e intervenir. Sin su movilización activa, este derecho está seriamente amenazado. Debemos comprender que nadie sino nosotros mismos puede garantizar la pervivencia de este derecho, que los poderes financieros tratan de recortar en todo el mundo. El reciente ejemplo de los pensionistas de Argentina, muestra que es posible detener ese expolio con decisión y empoderamiento. Una movilización que empieza por contrarrestar las campañas mediáticas del poder con debates, conferencias, artículos, octavillas, etc. y continúa ocupando el espacio ciudadano para hacer oír nuestras exigencias.
En este sentido tenemos la convocatoria del próximo 22 de febrero que la Coordinadora hace en toda España y aquí en la Plaza de Cataluña de Barcelona a partir de las 10h. Una convocatoria con participación de artistas y diversos colectivos de trabajadores (taxistas, portuarios, limpiadoras de hoteles, distribuidores en motos, etc.) para denunciar el escándalo de la subida de solo un 0,25% de las pensiones, mientras el gobierno permite subidas desproporcionadas de la luz, el agua, el butano, el transporte o los medicamentos.
¡Si los 9 millones de pensionistas y el resto de la ciudadanía somos capaces de ponernos en pie para defender la dignidad, este derecho no se perderá!
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